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Por: El Tiempo

Certicámara reconoce avances en transformación cibernética del país.
Contrarrestar la vulnerabilidad de información depositada en computadores y bases de datos, la implementación de facturación electrónica y el aumento de las inversiones en herramientas tecnológicas de alta seguridad –como firmas digitales y la certificación de páginas de internet con el conocido candado de la URL– se cuentan entre las tareas de entidades y compañías del país en el 2018, para acelerar la transformación cibernética.

Por ejemplo, en el balance del 2017 y proyecciones del 2018, el gremio Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que es el más grande del país, acaba de pedir como uno de los deseos un modelo rápido de transformación digital para que Colombia avance en diferentes frentes de la economía.

¿Por qué? La disrupción digital, por ejemplo, ha sido la razón principal de la desaparición del 52 por ciento de las empresas de la lista Fortune 500 desde el 2000, de acuerdo con un reciente análisis de la consultora Accenture, y estos efectos son a nivel global.

Por su lado, la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara) indica que solo 16.000 empresas están en proceso de transformación digital. “Resulta una minoría frente a la masa de 1 millón, lo que indica que las empresas deben transformarse digitalmente, que no es más que reformular procesos para que no los hagan por vía manual sino por medios electrónicos”, dice el presidente de la certificadora, Héctor García Santiago.

También, con base en cifras del centro cibernético de la Dijín de la Policía Nacional, el ejecutivo hace un llamado para incrementar la lucha contra el crimen en la red. Es así como a diciembre 31 pasado se contabilizaron 25.000 procesos en la Fiscalía General de la Nación relacionados con delitos informáticos y 198 millones de ataques cibernéticos.

“Hay falta de conciencia en las inversiones en seguridad tecnológica”, añade el timonel de Certicámara, Héctor García.

Según las mediciones del organismo, el año pasado se invirtieron en herramientas, como candados digitales (garantías de seguridad en las páginas web), 4.000 millones de pesos, y se prevé que este año el monto crezca entre 15 y 30 por ciento.

También considera que hay indiferencia e incumplimiento en el tratamiento de datos personales (habeas data), pues entre el 2013 y el 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso 291 multas, por 20.303 millones de pesos, al incumplir la Ley 1266 del 2008 que protege la información en el país.

Pasando factura

El otro pendiente de las tareas informáticas del país, aunque con avances, es que los 3.500 grandes contribuyentes deben adoptar obligatoriamente la facturación electrónica ante la Dian.

La resolución 72 del 2017, que se expidió en los albores del 2017, exige que las compañías seleccionadas (13.011) deben hacerlo en un plazo máximo de 6 meses, es decir, hasta el 29 de junio. Y las que sobrepasen los 3 millones de facturas mensuales expedidas cuentan con un plazo adicional hasta el 29 de septiembre.

Todos los contribuyentes del régimen común de IVA deberán hacerlo al finalizar el 2019.

No obstante, Héctor José García, el presidente de Certicámras, pide que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo defina rápidamente el operador de plataforma de registro de las facturas, que es un validador de los documentos y exigido por la reciente reforma tributaria. Según el directivo, dado el paso de la facturación electrónica se podrá masificar en el país el factoring electrónico (venta de facturas con descuento), que beneficia a pequeños proveedores.

Según la Dian, en los 10 primeros meses del 2017, 181 empresas habilitadas emitieron 416.954 documentos electrónicos, cuyo valor de la facturación sumó 3,9 billones de pesos.

Al toque

La biometría es otro de los avances tecnológicos que se utiliza para autenticar firmas y documentos en notarías, cámaras de comercio, EPS, aerolíneas, bancos, celulares y en controles de seguridad.

La fijó el decreto ley 019 del 2012 de antitrámites y obliga a las entidades y las que cumplen funciones públicas, como las notarías y las cámaras de comercio, a sustituir la toma de huella de tinta por la biométrica, con consulta a la base de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y evitar así la suplantación de identidad.

Al respecto, cabe señalar que al 2017 la Registraduría efectuó 24 millones de cotejos de huellas dactilares contra su base de datos, según indican las estadísticas. “El reemplazo de la firma digital por un esquema de clave y contraseña en los trámites que los contribuyentes deben realizar ante la Dian, sin embargo, es un retroceso en seguridad digital, pues abre la puerta a la generación de riesgos asociados a la suplantación de identidad”, agrega el directivo.